Aca es la Noticia ¡La Información de extremo a extremo!… Artículos Relacionados
Quizás sea Chile, el ejemplo más comentado y analizado de la región como modelo de transición democrática a seguir. Sin embargo, la experiencia de este país –para desconcierto o decepción de muchos-, es lo que tenemos que observar para saber lo que no debemos hacer en materia de reformas democráticas. Comenzamos por decir que este proceso denominado “La Concertación” en 1989, dejó fisuras en la mentalidad de los chilenos que permanecieron a pesar del crecimiento y de sus indicadores macroeconómicos sobre todo vistos en los últimos años. Los eventos ocurridos en las últimas semanas dan cuenta de un descontento acumulado, de un proceso que no se completó en aspectos tan fundamentales –sensibles-, como lo fue el manejo de los casos por violación de los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990); en los cuales, donde todavía permanecen desaparecidos más de 1.100 presos políticos. La cuenta final de los delitos de Lesa Humanidad cometidos por el régimen de Pinochet indica que 38.000 personas fueron torturadas, desaparecidas o ejecutadas. El pacto democrático en este país no se profundizó, quedando en un pacto entre partidos, generando impunidad sobre los crímenes del sector militar, quien al final resultó ser el más favorecido por la Concertación entre las fuerzas políticas. Inclusive, fueron presiones provenientes del sector militar, las que evitaron que se llevaran a cabo reformas constitucionales en relación con este tema y sobre el manejo orgánico de los poderes públicos, permaneciendo de manera explícita la presencia del militarismo y de sus delitos sobre la sociedad chilena.
Equivocadamente se sigue pensando que la realización de elecciones es el gran logro de estos pactos, creyendo que la regularización de las democracias comprende las convocatorias electorales, lo cual parcializa todo proceso de transición, omitiendo reformas que a la larga generaran un costo estructural: a los chilenos estas omisiones les pasaron factura treinta años después del consenso. Las transiciones reales deben trascender el aspecto electoral, pasando al tema de las reparaciones de las víctimas y del procesamiento ante los órganos judiciales de los responsables directos de los delitos de Lesa humanidad causados por estos regímenes totalitarios. Por esto uno de los aspectos vitales en la consolidación de las democracias, implica la Redefinición del papel de las Fuerzas Armadas en la vida de los ciudadanos y de estas nuevas democracias: pactos democráticos efectivos deben pasar por procesos de racionalización del Estado y su manejo consentido de la violencia. Esto debe conducirnos inevitablemente a la reducción de los ejércitos y a la especialización de los acuerdos políticos para la construcción de un Estado más eficaz en la dirección de las políticas públicas y la administración de los recursos; de tal manera, que por un lado no queden tentativas de autoritarismo y por el otro, se obligue a las sociedades a resolver sus crisis por la vía del consenso. El caso de Costa Rica, representa una experiencia de madurez democrática donde las organizaciones políticas hace 71 años acordaron la disminución de sus fuerzas armadas; al punto de asignar su seguridad nacional al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. Indudablemente esta fue una decisión compleja, pero permitió romper con ese pasado militarista que en parte obstaculiza la estabilidad democrática de la región.
Sin duda esta es materia de mucha discusión, pero nos hacemos cómplices si dejamos en manos de las próximas generaciones la responsabilidad que nos compete tratar en este momento. Nuestro pasado republicano fundacional, poco nos ha permitido profundizar en los procesos democráticos otorgando papel primigenio al sector militar y a las economías, arrastrando así las sociedades con una enorme carga de injusticias; cuyo descontento histórico –como han descrito los actuales eventos-, permanecerá latente como uno de los mayores riesgos para el futuro de nuestros países. Por eso los ciudadanos no pueden dejar sólo en manos de los partidos, la ejecución de las transiciones. De allí la importancia de la intervención de los sectores sociales para la renovación de la institucionalidad democrática, porque si ésta representa una exigencia social, no tiene sentido que sean exclusivamente las fuerzas políticas las responsables de las mismas.
Marisol Bustamante
Coordinadora de ONG Trasparencia Ciudadana
Número de Watsap: 0414 3538864
Lara/Venezuela
Transcripción y Embeds (Videos | Tweets): Lcdo. Carlos Romero |C.N.P. 24.081|
Otras Noticias A.C.A.:Espacio de Opinión: Los efectos de la libertad económica por Julio Castellanos
