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Pocos años han empezado con tantas interrogantes como este 2020. España iniciará un nuevo ciclo con lo que llaman un Gobierno progresista, aún con unos Presupuestos de hace dos años -finalmente las cuentas diseñadas por Cristóbal Montoro apuntan a ser las más longevas de toda la democracia- y con una desaceleración económica que no hace más que agravarse con el paso de los meses.
Termina un 2019 de incertidumbre que da paso a un 2020 que no resuelve las dudas, muchas de ellas generadas por la incertidumbre política. El escenario del Congreso de los Diputados y su elevada fragmentación no han hecho sino aumentar en los últimos meses. Las dos citas electorales celebradas el 28 de abril y el 10 de noviembre no hicieron más que afianzar la entrada de nuevos regionalismos e independentismos en el Congreso, que se han convertido en fundamentales para las investiduras, según indica la aritmética parlamentaria.
En este dilema está inmerso Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones y aspirante a mantener la plaza en los próximos meses. Tras llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición, los independentistas de ERC se han convertido en aliados incómodos pero obligados para sacar adelante un nuevo Ejecutivo, en el que los de Pablo Iglesias tendrán varios Ministerios y tomarán parte decisivamente en las próximas medidas que se adopten, sobre todo en un aumento de la carga fiscal, en especial para las grandes empresas.
Los republicanos no han terminado de dar luz verde a la Presidencia de Sánchez, pero todo parece a apuntar que ya está todo pactado. Temen el impacto que tendría su abstención en unas eventuales elecciones catalanas, que no se espera que estén muy lejanas, en las que se tendrían que enfrentar a un cada vez más belicoso JxCat, que podría verse respaldado por un eventual retorno del expresident Carles Puigdemont si la Justicia Europea desoye los mandatos del Tribunal Supremo español, lo que a día de hoy parece hartamente improbable. De lo que sí se habla en Cataluña, sin embargo, es de la inhabilitación de Quim Torra, lo que acarrería una crisis de Gobierno dentro de la Generalitat, el nombramiento de un hombre fuerte de Puigdemont, y quién sabe si el desplazamiento de Pere Aragonés de la vicepresidencia del Govern catalán.
Entre tanto, a la espera de la investidura de Pedro Sánchez -en la que también contaría con el voto del PNV tras amplias cesiones soberanistas y la abstención EH Bildu y otros partidos regionalistas- la estructura del futuro Gobierno de coalición está «casi» terminada. Le faltan unos flecos, pero ya se ha hecho público un acuerdo con unos puntos programáticos que PSOE y Unidas Podemos intentarán sacar adelante en la próxima legislatura. En el nuevo Ejecutivo, Iglesias será el potencial vicepresidente de Asuntos Sociales y en los dominios morados caerán, al menos, tres Ministerios: se habla de Trabajo (sin la Seguridad Social), Igualdad y Universidades. Para ocupar los futuros departamentos suenan, sin haberse confirmado todavía, Yolanda García, Irene Montero y Alberto Garzón.
La vicepresidencia de Iglesias, en orden de importancia ejecutiva, sería la tercera. Le precederían Carmen Calvo como mano derecha de Pedro Sánchez, y Nadia Calviño, quien sería la vicepresidenta económica del futuro Ejecutivo y un guiño de Sánchez a los mercados y a la Comisión Europea. Su presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos asegura que alguien de la confianza de Bruselas pondrá freno a las maxi- exigencias de Podemos en los campos de la fiscalidad, de la banca y del alquiler, donde son conocidas sus posturas de limitar e intervenir los mercados, que al parecer van a salir adelante.
El escenario a futuro
Sería este potencial Gobierno el que diseñaría los Presupuestos con los que España se ha de enfrentar a una desaceleración económica, que va a provocar que la economía nacional se quede a la altura de su PIB potencial, aunque sería con un diferencial superior a la media de la Unión Europea.
Las previsiones del Banco de España recogen un crecimiento económico del 2% para 2019, una evolución que será tres décimas inferior en 2020. El enfriamiento continuará en años sucesivos, con pronósticos de incrementos del 1,6% y del 1,5% para 2021 y 2022, respectivamente.
El escenario económico no es alentador. Aunque se espera que se mantenga el superávit exterior gracias a la buena salud de las exportaciones, la guerra comercial entre China y Estados Unidos no termina de estar cerrada, mientras Washington ha comenzado sus ataques a los productos europeos, gracias al permiso concedido por la Organización Mundial del Comercio por el Caso Airbus. Por esto, numerosos productos del campo español, como el vino y el aceite, se tendrán que someter a aranceles por valor de casi 1.000 millones de euros.
A esto hay que sumar un Brexit que, tras la victoria electoral de Boris Johnson ya no tendrá vuelta atrás, y cuyas condiciones arancelarias se negociarán en este 2020. Se trata de un asunto de suma importancia para España, dado el peso que tiene el país anglosajón en el turismo y las exportaciones españolas. También se antoja fundamental la negociación que, a día de hoy, está protagonizando Nadia Calviño en el Presupuesto Plurianual de la UE, un texto hay mucho en juego para regiones como la ultraperiférica Canarias.
Ante este futuro, que requiere la puesta en marcha de medidas y grandes reformas, Sánchez ha insistido en que lo primero que hará su futuro Ejecutivo será tramitar unos Presupuestos para cuya elaboración la hoja de ruta será el proyecto presupuestario que fue rechazado por el Congreso en febrero de este año, con los cambios necesarios para ser adaptados a la nueva situación de 2020.
En dicho proyecto, la idea de los socialistas es la de mantener su apuesta por una reforma fiscal destinada a gravar, particularmente, a las grandes empresas y a las rentas altas. Dentro de esta estrategia se ubica la creación de un tipo mínimo para el impuesto de Sociedades del 15%, que subiría al 18% en el caso de las corporaciones pertenecientes al sector financiero y al de los hidrocarburos.
Además, todo indica, si es que finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, que 2020 será el año en el que las tasas Tobin y Google verán la luz, es decir, los impuestos a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales. A pesar de que esta última fórmula fiscal se está tratando en el seno de la OCDE -con la esperanza de llegar a un acuerdo a lo largo de este año- , los socialistas mantendrán su ambición de sacar adelante su proyecto tributario a solas, bajo la promesa de adaptarlo a la fórmula internacional que se pueda llegar a pactar
Con todo, puede que esta iniciativa no salga gratis: después de que Francia aprobara su propia tasa Google, Estados Unidos impuso aranceles por valor de 2.400 millones de dólares sobre los productos galos. ¿La causa? La Casa Blanca considera que la tasa es discriminatoria, puesto que afecta principalmente a empresas como Facebook, Amazon o Google, todas con base estadounidense.
Casi un año en funciones
El hecho de que el Gobierno no cuente con Presupuestos propios -hasta ahora por la incapacidad de concitar los apoyos necesarios en el Parlamento, y con el cuestionamiento desde Europa, porque no resultan unas Cuentas creíbles, sobre todo por los ingresos calculados- ha paralizado reformas, medidas y actuaciones políticas como en el caso de las pensiones, que no se pueden actualizar inmediatamente como quisiera el Ejecutivo socialista.
El Gobierno de Sánchez lleva en funciones casi once meses. Esta situación ha impedido regularizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, la actualización del salario de los funcionarios, ha bloqueado la subida del SMI que pretenden socialistas y morados, y, en mayor medida, ha dejado la prometida subida de las pensiones en una especie de limbo, en suspenso hasta que se forme Gobierno. En la última rueda de prensa del Ejecutivo socialista, se dio a conocer que no subirá las pensiones conforme al IPC desde el comienzo del año, tal y como informó elEconomista, tras unas declaraciones de la ministra Magdalena Valerio, en las que emplazó a que el aumento de las pagas se efectuase con carácter retroactivo una vez que se hubiera conformado el Gobierno y éste tuviera plenitud de funciones.
Cabe recordar que, según el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas, la revalorización de las pensiones será del 0,9% para el próximo año 2020, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, y en relación con la inflación prevista para el conjunto del próximo ejercicio, lo que tendrá un coste de 3.264 millones.
Control de la deuda por ley
No hay que olvidar que, desde enero, entra en vigor en plenitud de condiciones el artículo de la 135.2 de la Constitución, un episodio de la Carta Magna que se introdujo con la reforma de 2011, ejecutada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea, como el ajuste estructural anual del 0,65% al que obliga Bruselas en 2020 o a tener que rebajar la deuda pública del 97% actual al 60% que marcan las reglas de Bruselas, algo prácticamente posible. De ahí que expertos consultados por este medio alerten de que, en la situación actual, cualquier gasto en el que quiera incurrir el futuro Ejecutivo a través de los Cuentas corre el riesgo de ser recurrido y judicializado.
De esta manera, lo que hasta ahora era un mandato de Bruselas, pasa a ser un dictado constitucional. «El Estado y las CCAA no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la UE para sus Estados miembros», reza el artículo que ahora entra en vigor y que convierten en ley nacional las cifras de cumplimiento europeas.
Información: Eduardo Ortega Socorro | el economista.es |
Transcripción y Embeds (Videos | Tweets): Lcdo. Carlos Romero |C.N.P. 24.081|
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